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LA GUERRA QUE VIENE (La Colombianización de Honduras) TOMAS ANDINO  MENCIA, miembro del FNRP   La muerte de nuestros queridos compañeros Jerónimo y Emo Sadloo, símbolos de la lucha contra la dictadura, y ahora la reciente ofensiva del Operativo “Xatruch II” en la región del Valle del Aguán, han sacudido a la Resistencia hondureña. De igual manera el retiro de Oscar Álvarez y de la cúpula policial ha sacudido al gobierno de Porfirio Lobo. Muchas interrogantes se han levantado a partir de estos y otros hechos similares, en busca de entender hacia dónde camina Honduras. Este escrito pretende hacer un aporte para tener una comprensión global de la coyuntura actual y de su tendencia futura, para que podamos estar preparados con mejores estrategias. Mi tesis principal es que en Honduras estamos viviendo la profundización de un modelo de dominación basado en el terrorismo de estado al estilo Colombia y México, caracterizado por la creciente militarización de nuestra sociedad y por una mayor intervención de las fuerzas militares norteamericanas, que conducirá a Honduras a una vorágine de violencia aún superior en el contexto de una guerra contra la “subversión” y el “narcotráfico”, cuyos contornos comienzan a verse en el horizonte. Es a esto que llamamos la “colombianización” de Honduras. He dividido la exposición en tres partes. En la primera hacemos un rápido repaso a lo que pasa en Colombia y México, países donde esta estrategia se modela; en la segunda parte analizamos los antecedentes inmediatos de esta estrategia en Centroamérica, particularmente sobre la “Guerra contra las Maras”; y en la tercera, analizo la situación actual, los retos que plantea para el Pueblo hondureño y algunos lineamientos de estrategia que podrían servir frente  a ese escenario.           PRIMERA PARTE LA EXPERIENCIA COLOMBIANA Y MEXICANA El Plan Colombia En Colombia existe un viejo conflicto político militar entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más fuerte de las organizaciones guerrilleras de ese país, y el estado burgués colombiano. Este movimiento insurgente ha sobrevivido por décadas a las embestidas militares apoyadas por Estados Unidos, gracias a su base de apoyo en el campesinado y a su elevada capacidad estratégica. En el año 1999, el gobierno del Presidente Pastrana pactó con el presidente norteamericano Bill Clinton un plan de cooperación denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, conocido como Plan Colombia. Este fue presentado inicialmente como un plan de desarrollo del Estado de Derecho colombiano que canalizaría recursos de la cooperación externa hacia el fortalecimiento de una sociedad democrática. Pero la intención era otra. El plan de Estados Unidos era fortalecer a las Fuerzas Militares en su lucha contra las FARC, dado que este movimiento armado se fortalecía en lugar de debilitarse. Otro motivo de preocupación para los Estados Unidos fue el triunfo de gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998. De ahí que el Plan Colombia nunca fue una iniciativa para fortalecer la democracia colombiana, sino una operación político-militar del imperio para tender un cerco a la guerrilla de las FARC y de otros movimientos insurgentes, y para ejercer presión sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos. El Plan incluye la presencia directa de centenares de “asesores” militares norteamericanos, el apoyo con servicios de inteligencia, la venta masiva de equipo bélico y entrenamiento a los militares colombianos, al costo aproximado de siete mil millones de dólares en los últimos diez años. El estado colombiano “justifica” la militarización asegurando que es necesaria en la guerra contra el narcotráfico. De igual manera, Estados Unidos justifica su apoyo al Plan Colombia con el pretexto de ayudar al gobierno colombiano en su lucha contra las drogas, para lo cual hacen una campaña presentando a las FARC como “narco terroristas”. La realidad es que con el Plan Colombia, la producción de droga aumentó en lugar de disminuir. John Walters, Director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, brinda información que es resumida en el siguiente gráfico [1] é Fuente: Elaboración propia en base a: Walters, John, citado en: lacocalocacompany.blogcindario.com, edición del abril 2008 Para Mark Schneider, vicepresidente del International Crisis Group, el Plan Colombia es un fracaso. “No redujo los cultivos, no bajó la producción, ni detiene la venta en los mercados. En 1999 se cultivaba hoja de coca en nueve departamentos colombianos, las fumigaciones han esparcido las siembras a 23 departamentos”[2]. Es obvio que el Plan Colombia no ha servido para frenar el narcotráfico. ¿Entonces para qué ha servido? Ha servido para intentar debilitar a las organizaciones revolucionarias colombianas, presionar a los gobiernos de izquierda de Suramérica y mantener oprimido al movimiento obrero y campesino colombiano. En los últimos años, la acción combinada del ejército colombiano y del apoyo norteamericano en el marco del Plan Colombia y de su sucesor el Plan Patriota, tuvo como resultado importantes golpes militares a las FARC[3], pese a lo cual esta organización sigue activa, así como el “ablandamiento” del gobierno de Hugo Chávez quien ahora colabora con el gobierno de Manuel Santos en la represión a la organización guerrillera[4], y, por otro lado, ha logrado la más brutal represión del movimiento obrero y campesino colombiano. Colombia es hoy el país donde se asesinan más sindicalistas en el mundo[5]y es el segundo país donde hay más desplazados en su propio territorio[6]. En total han sido desaparecidas 62 mil personas, de las cuales 38 mil ocurrieron entre 2007 y 2009.[7] Además de lo anterior, el Plan Colombia entró en 2010 en una nueva fase: la intervención militar directa de Estados Unidos. Un pacto hecho con el Presidente Obama en 2010, incluyó el establecimiento de siete bases militares estadounidenses que le permitirán intervenir en cualquier lugar de América del Sur.[8] Eso significa que el combate a las drogas es solo una excusa para salirse con sus intereses geo estratégicos en la región. La “Guerra contra el Narco” y la “Iniciativa Mérida” en México El modelo del Plan Colombia fue posteriormente ensayado en México a partir de 2006 en la llamada “Guerra contra el Narco”. Debe recordarse que México estaba en ebullición política desde la insurrección zapatista de 1994 y que sufrió una crisis de dominación a partir de 2006 cuando el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, se impuso mediante un escandaloso fraude electoral al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. La mayoría del pueblo mexicano se levantó en una insurrección pacífica en 2006 saliendo por millones a las calles contra el gobierno fraudulento, de manera similar al levantamiento popular que hemos tenido en Honduras en respuesta al Golpe de Estado. Para contrarrestar esa crisis política, el gobierno de Felipe Calderón y los estrategas norteamericanos diseñaron un escenario de “Shock”[9] ; esto quiere decir un escenario en el que, mediante una serie de acontecimientos traumáticos, se induce a la población a un estado de máxima alerta contra una supuesta amenaza, con el efecto de disminuir su atención a otros temas. En ese estado de “shock” la población se vuelve dócil ante el poder del Estado para aceptar un trato que en condiciones normales no permitiría. Es la misma estrategia que ha aplicado George Bush desde el 11 de septiembre 2011, para hacer aprobar leyes autoritarias que contradicen la tradición de respeto a los derechos civiles hasta entonces existente en los Estados Unidos. Estudiosos han demostrado que ninguno de los argumentos esgrimidos por Calderón para justificar la “Guerra contra el Narco” estaba sustentado en la realidad.[10] De todos modos, la “Guerra” fue impuesta. Los objetivos del gobierno mexicano han sido introducir el autoritarismo militar-policial en la vida cotidiana de los y las mexicanas, colocar en segundo plano la demanda social, criminalizar la protesta social y cerrar el conflicto político desatado con López Obrador. Por su parte los Estados Unidos buscan fortalecer sus nexos con el ejército mexicano y crear una situación que justifique su creciente intervención militar directa, incluida la instalación de bases militares en ese país. La estrategia del gobierno fraudulento de Calderón fue aprovechar las disputas que los distintos cárteles del narcotráfico tienen por el mercado de la droga en Estados Unidos, exacerbándolas e interviniendo con una masiva presencia militar supuestamente para eliminar su poder. De esa forma Calderón le declaró la guerra a los narcos, arrastrando a toda la nación a un conflicto en donde los gringos ponen los dólares y los mexicanos y mexicanas los muertos. En 2008 el gobierno de Felipe Calderón pactó con el Presidente George Bush la denominada “Iniciativa Mérida” que contempla un plan de apoyo al ejército mexicano en su campaña militar contra las bandas de narcotraficantes, a un costo de 1,600 millones de dólares en tres años (2008-2010). Además de México, este proyecto abarca también a Centroamérica, República Dominicana y Haití que recibirían una porción de esa cantidad, como veremos más adelante. Estados Unidos ha donado una gran cantidad de equipamiento militar al ejército mexicano,[11] y este ha realizado miles de operativos contra los carteles de la droga. La reacción de los narcos ha sido espantosa. En cinco años (2006-2011) se cuentan alrededor de 35 mil personas asesinadas por ambos bandos, 20,000 desaparecidos y un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia (en dos distritos de Chihuahua, por ejemplo, bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio); soncientos los decapitados, descuartizados, quemados en ácido y enterrados en fosas comunes; asimismo muchos centroamericanos migrantes han muerto en decenas de masacres, como la reciente ocurrida en Tamaulipas, donde murieron decenas de hondureños y hondureñas[12]. La “Guerra contra el Narco” ha tenido efectos devastadores sobre el tejido social mexicano, disparando los niveles de inseguridad como pocas veces ha vivido ese país desde la guerra civil del siglo pasado. Pese a ese costo, el Plan Mérida ha fracasado en su objetivo declarado de la lucha contra la droga. La provocación a los carteles de la droga derivo en una violencia aún mayor que la que supuestamente se quiso evitar, a la vez que se expandió a todo el país.  Lo reconocen los mismos norteamericanos: “La forma de seguir adelante no es la Iniciativa Mérida…ha fracasado en colocar fechas concretas, metas tangibles o guías estratégicas para asegurar el uso exitoso de estos fondos… Y mientras tanto los carteles de la droga han continuado trabajando a partir de una estrategia coordinada para minar al Estado Mexicano a través de acciones insurgentes que incluyen violencia, corrupción y propaganda… Desde 2006, los cárteles de la droga han evolucionado hacia una forma de organización más resistente, más diversificada y más transnacional”, ha dicho Connie Mack, representante republicano ante la Cámara de Representantes por el Estado de Florida.[13] Por ello los republicanos abogan ahora por una política más “agresiva”, léase intervencionista. Ese fracaso no impide a la oligarquía mexicana y a los Estados Unidos tener importantes beneficios de orden político, económico y militares. Estos son los efectos no declarados, ocultados por el gobierno mexicano: a) México, país orgulloso por su formalidad democrática, ha visto reducidas sus libertades públicas, tanto por el temor del público a la violencia, como por la introducción de reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social;[14] b) han aumentado, como pocas veces en su historia, los casos de violaciones a los derechos humanos (se contabilizan 6,518 quejas por violar derechos humanos contra la SEDENA y la Policía Federal)[15]; c) se criminaliza a los defensores de derechos humanos y muchos de estos han sido ejecutados extrajudicialmente;  d) ha aumentado la represión al movimiento obrero y campesino mexicano y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades zapatistas del Sur de México; e) se utiliza de la “Guerra contra el Narco” como un mercado en beneficio de la industria armamentista de Estados Unidos (por ejemplo, el 85% de las 104 mil armas decomisadas a narcotraficantes fueron vendidas en tiendas de Estados Unidos).[16] Estos efectos han sido muy convenientes a la oligarquía mexicana y a la industria militar norteamericana y en eso el Plan Mérida no ha fracasado, desde el punto de vista de sus intereses. Más bien, existen indicios de que la continuación del narcotráfico y la sangrienta guerra contra este son convenientes a los sectores de poder por lo que podrían estarlo fomentando para tener logros aún mayores. Existen evidencias sobre la entrega clandestina de armas de parte de autoridades de Estados Unidos a bandas de narcotraficantes, como fue revelado en el escandaloso caso “Rápido  y Furioso”[17]. Incluso existen investigaciones que responsabilizan al gobierno de Calderón de favorecer al Cartel de Sinaloa en su guerra contra los otros carteles[18] acusación que también extienden a la DEA y al FBI[19], como una forma de prolongar el conflicto. Las lágrimas de cocodrilo de los republicanos que se lamentan de los pocos resultados del Plan Mérida, no se deben a que les preocupe la salud de los jóvenes drogadictos de su país, sino que es un discurso para justificar el paso a una etapa superior de su intervencionismo. De hecho, se comienzan a dar denuncias sobre la construcción de una base militar norteamericana en Puebla[20]. Como bien ha dicho el Sub Comandante Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, “¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodasbody bags y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?”[21] La Doble moral de la lucha contra las drogas En ambos casos existe una doble moral sobre el tema de las drogas de parte de Estados Unidos y de los gobiernos colombiano y mexicano.  Esa ambivalencia no es nueva. En los años 80s quedó en evidencia la hipocresía del discurso anti narco con  el escándalo Irán-Contras, el cual reveló que muchas operaciones encubiertas de la CIA incluían el fomento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos para financiar a sus aliados anti-sandinistas (ver recuadro). Conducta que ha sido común en otras regiones donde los norteamericanos han intervenido, como también sucedió y sigue sucediendo en Afganistán[22]. Conclusiones de la 1ª parte: Algunas conclusiones de los casos colombiano y mexicano son: 1.    Ambas experiencias indican que los Estados Unidos desarrolla estrategias para contrarrestar movimientos de insurgencia armada (como las FARC en Colombia) y de insurrección pacífica (como la convocada por López Obrador en México) fortaleciendo las Fuerzas militares y policiales en esos países mediante la inyección multimillonaria de recursos, lo que a su vez beneficia su industria armamentista.   2.    La lucha “anti drogas” sirve a los Estados Unidos como una cobertura política para justificar la militarización de las sociedades, aunque en realidad se trata de un pretexto con el que encubre sus verdaderos objetivos geo políticos, económicos y militares; éstos son apuntalar a regímenes opresores que están en crisis, combatir la insurgencia armada o pacífica, presionar a gobiernos progresistas, generar una mayor dependencia de su “ayuda” militar, abrir mercado para sus armas,  posicionarse estratégicamente con personal “asesor” o combatiente, e incluso establecer bases militares en territorio local para para realizar sus objetivos de fondo, así tenga que eventualmente fomentar el narcotráfico.   3.    La política militarista es aplicada por los gobiernos locales con sus propios objetivos de consolidación política, con el efecto de fortalecer los rasgos más autoritarios y fascistas de sus Estados, dándole poderes omnímodos a sus cuerpos armados con el apoyo de los norteamericanos.   4.    El costo para la población de estas políticas militaristas y autoritarias es el sacrificio de miles de vidas, la violación masiva de derechos humanos, la implantación de la violencia extrema en la cotidianidad, el cercenamiento de libertades y derechos ciudadanos y el desarrollo de tendencias autoritarias desde sus gobiernos.           SEGUNDA PARTE: PANDILLAS, NARCOS E INICIATIVA C.A.R.S.I. EN CENTROAMERICA Un modelo similar al colombiano-mexicano fue aplicado en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) entre los años 2002-2010, salvo que en el caso centroamericano el “enemigo público” contra quien se declaró la “guerra” fueron las maras o pandillas juveniles y no los narcotraficantes. Esta política contó con el decidido apoyo de los Estados Unidos a través de la Iniciativa “CARSI”. Periodo de la “Guerra a las Maras” en CA (2001 – 2010) Como es sabido, los tres mencionados países sufrieron desde fines de la década de los 90s un fenómeno de violencia juvenil protagonizada por las pandillas o “maras”. Las raíces del fenómeno de las maras son de orden social, entre otros factores causado por la falta de atención al segmento adolescente y juvenil de nuestras sociedades. Como es lógico eso amerita un tratamiento también social. Pero los Estados burgueses centroamericanos, acostumbrados a arreglar de forma violenta sus conflictos con los sectores populares, le dieron una “solución” represiva. Desde el año 2002 se ejecutaron masivos operativos anti pandillas en los tres países centroamericanos (“Plan Libertad Azul” en Honduras, “Plan Escoba” en Guatemala, “Plan Mano Dura” y “Súper Mano Dura” en El Salvador); también se endurecieron las legislaciones penales y se produjo una ola de discriminación y una cacería de brujas contra todo joven tatuado, que dejó un saldo de decenas de miles de jóvenes detenidos, asesinados y exiliados. En El Salvador fueron encarcelados en ese período más de 12 mil jóvenes con los Planes “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”; mientras que en Honduras se detuvieron casi 6 mil jóvenes entre 2003 y 2005 con la política de “Cero Tolerancia”.[23] La violencia llegó a tal extremo, que los sectores anti pandillas más radicalizados desde entonces utilizan escuadrones de exterminio contra los presuntos mareros. Sus masacres gozan de total impunidad en los gobiernos. En Honduras, la curva de la muerte  puede apreciarse en el siguiente gráfico.       GRAFICO No. 2 NIÑOS(AS) Y JOVENES MENORES DE 23 AÑOS ASESINADOS POR EJECUCION ARBITRARIA (1998-2009) Fuente; INTERPEACE, “Entornos Violentos. Contexto en el que crece la juventud hondureña”, Agosto 2011. Pág. 42 Esta tendencia se incrementó después del Golpe de Estado de 2009 en Honduras. La Plataforma de Derechos de la Niñez y la Juventud denuncio que durante el régimen de facto de Roberto Micheletti se incrementó la tasa de ejecuciones arbitrarias de jóvenes en más del 60%, pasando de 40 ejecuciones mensuales, como promedio, a 65 ejecuciones mensuales en los siete meses de la dictadura golpista.[24] A junio 2011 han sido asesinados por escuadrones de exterminio más de 6700 jóvenes en Honduras desde el año 1998. Estas cifras indican que en nuestro país se practica un verdadero genocidio contra la juventud marginal involucrada en estos grupos. Sin embargo, los resultados de este genocidio han sido un total fracaso en el declarado propósito de frenar la criminalidad. Año tras año la violencia se incrementa en lugar de disminuir en los tres países centroamericanos.  En El Salvador el número de homicidios por cada cien mil habitantes (h/cmh) pasó de 32 h/cmh en 2002 a 56 hc/cmh en 2008; en Guatemala pasó de 34.1 h/cmh en 2002 a 46 h/cmh en 2009; y en Honduras pasó de 46 h/cmh e 2004 a 66 hcmh en 2009… y sigue aumentando[25]; en Honduras por ejemplo, se prevé que el año 2011 terminara con una tasa de 86 h/cmh, cuando la media mundial es de 9 h/cmh. GRAFICO No. 3 MUERTES TOTALES Y HOMICIDIOS EN HONDURAS, POR AÑO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Observatorio de Violencia de la UNAH (varios años).   El gráfico 3 muestra el caso de Honduras, en donde los niveles de criminalidad crecen como la espuma, casi duplicándose del año 2004 al 2009. Esto indica que, si bien es cierto las “maras” son grupos violentos, la práctica demuestra que nunca fueron los principales causantes de tanta violencia homicida. Otros estudios del UNICEF y del mismo Ministerio Publico, por supuesto conocidos por las autoridades policiales, llegaban a la misma conclusión.[26]  Por tanto, los cuerpos policiales sobredimensionaron conscientemente las cifras[27]para hacer aparecer el fenómeno social de las maras como un problema de seguridad nacional, creando en la consciencia colectiva un “enemigo público” de imagen demoniaca, que amenazaba la existencia de la sociedad y contra el cual había que actuar sin piedad. El apoyo gringo a la “solución” represiva: El CARSI En ese contexto surgió la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (“CARSI” por sus siglas en inglés), parte de la Iniciativa Mérida para Centroamérica, con el objetivo declarado de fortalecer la institucionalidad policial-militar en la región. En su primera etapa, la iniciativa CARSI contemplaba U$ 258 millones para Centroamérica y $ 32 millones para dos países caribeños (República Dominicana y Haití). La institución más favorecida fue la policía y el tema principal fue la lucha contra las maras.En los últimos tres años, América Central recibió 490 millones de dólares en cooperación internacional para seguridad y lucha contra el crimen. La misma Hillary Clinton en persona asiste a las cumbres regionales donde se toca el tema del CARSI. Esta iniciativa es justificada por el gobierno norteamericano ante sus contribuyentes diciendo que va dirigida a combatir el narcotráfico y las pandillas. Sin embargo, es irrisorio que algunos de los más importantes funcionarios norteamericanos saben perfectamente que sus “justificaciones” no tienen sustento en la realidad: “Aunque por el momento no existen indicios de esa situación (se refiere al vínculo pandillas y crimen organizado,.- NDRL), representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) creen necesario que el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) pueda extenderse hacia Guatemala y Honduras para reforzar la lucha contra las pandillas en la región. Kenneth Kaiser es el subdirector de Investigación Criminal del FBI y asiste a la Quinta Cumbre Antipandillas que se celebra durante tres días en un hotel de playa de Sonsonate. Sostiene que por el momento no se ha logrado establecer algún tipo de relación entre los narcos mexicanos y los pandilleros en la región. “Siempre tenemos esa preocupación pero tenemos una excelente relación con la Policía de El Salvador y tenemos en funciones el CAT, pero a pesar de que esta preocupación existe no vemos que pueda suceder en estos momentos”, dijo Kaiser. Los únicos vínculos confirmados entre miembros de pandillas y narcotraficantes se han dado en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. (Subrayados es nuestro)[28] En otras palabras, aunque no tenían una sólida evidencia que los respaldara, y cuando el mismo Ministro de Seguridad de Honduras aseguraba que ya tenía controlado el problema[29], los Estados Unidos decidieron sumarse a la “Guerra contra las Maras” y potenciarla. Peor aún, sabiendo que la deportación de migrantes hondureños y hondureñas agrava el problema –pues el modelo de la mara extremadamente violenta proviene de una imitación del modelo californiano de pandilla juvenil—el gobierno norteamericano no ha cesado de deportar decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos pandilleros activos. Es decir que Estados Unidos nos exporta el modelo y los jóvenes que fomentan las maras en Centroamérica y después traen sus dólares y sus armas para combatirlos.   Mano Dura contra los jóvenes y Mano Suave con los narcos En Centroamérica el factor criminógeno de mayor crecimiento no son las maras sino el narcotráfico, aunque también es visible la inoperancia del Estado hondureño en combatirlo. La producción de cocaína que se produce en Suramérica llegaba a las 587 toneladas métricas por año alrededor de 2004[30] y se ha llegado a afirmar que para el 2007 su producción llegaba a 1400 TM[31].. De ese total, pasa por las costas y fronteras de Honduras aproximadamente 100 TM de cocaína al año (cifra que podría quedarse corta), mismas que reportarían a las mafias ingresos entre 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales. La actividad del Estado hondureño frente a este monstruo es insignificante. CUADRO No.1 DROGA CIRCULANTE Y DROGA INCAUTADA EN HONDURAS, POR AÑO   AÑO 1996* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003** 2004** 2005** 2006** 2007** Kg droga que transita (estimación) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Kg droga incautada 3,300 715 1139 182 76 5,500 5,500 290 3,400 1,600 Fuentes:  Landaverde y Caldera, “Comportamiento Reciente del Narcotráfico”,  2004                 **  El Heraldo 30/7/07 “Decomisos de cocaína han caído estrepitosamente” Nota: Cabe aclarar que el año 2007 refleja sólo las incautaciones hasta julio de ese año.   En comparación con estos pinches resultados, Costa Rica realizó en los años 2005 y 2006 incautaciones por valor de 44,000 kilos de cocaína (El Heraldo, 30 de julio 2007) contra 3,690 Kilos en Honduras en los mismos años. De hecho, las incautaciones en Honduras han oscilado entre los 55 kilos y las 11 toneladas en el período 1996 – 2007. y algo similar sucede con el lavado de activos.[32] La negligencia estatal es tan descarada que el Consejo Nacional contra el Narcotráfico fue disuelto por el Presidente Maduro, sin justificación alguna, y aunque fue reactivado en la época del Presidente Zelaya, no tuvo un papel efectivo contra este delito.[33] Eso está ligado con la existencia de una creciente influencia de dinero del crimen organizado en las más altas esferas del Estado, desde el nivel policial hasta las campañas electorales.   GRAFICO No.4 Fuentes:  Landaverde y Caldera, “Comportamiento Reciente del Narcotráfico”,  2004, op.cit. y  El Heraldo 30/7/07 “Decomisos de cocaína han caído estrepitosamente”.   Para muestra un botón: El Gráfico 4 muestra cómo las incautaciones de droga disminuyen en los períodos electorales (ver los años 2001-2002 y 2005). Los mismos políticos de la burguesía reconocen indirectamente que en las campañas se filtra dinero del crimen organizado, al abogar por el incremento de la “deuda política” dizque para “blindar” a los partidos de la injerencia del dinero sucio. La gran pregunta es ¿por qué entonces el Estado y los norteamericanos enfilaron sus recursos contra bandas de jovenzuelos violentos y no lo hacen contra las grandes mafias de narcotraficantes? El verdadero propósito: fortalecer la capacidad contrainsurgente de las policías y los ejércitos centroamericanos Como se ha dicho atrás, lo único que salió fortalecido no fue la seguridad ciudadana, mucho menos la juvenil, sino el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Veamos el caso de Honduras:           GRAFICO No.5 PRESUPUESTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, POR AÑO Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo, varios años.   Puede verse en el gráfico que los presupuestos de las Secretarías de Defensa y Seguridad crecieron de un 250% a un 300% respectivamente en el lapso de seis años. En el mismo período se construyeron dos bases militares norteamericanas, una en Caratasca, La Mosquitia hondureña, y otra en el departamento de Intibucá. En El Salvador el FBI ha ubicado una oficina permanente con jurisdicción para el Triángulo Norte de CA denominada Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) desde el cual coordina y apoya a las policías para combatir los nuevos “enemigos”. Mientras tanto, el Departamento de Estado influye en la formulación de políticas públicas de “Mano Dura” que se focalicen en las Maras para Centroamérica; así como capacitación y tecnificación de las policías. Por su parte, el Comando Sur del ejército norteamericano, patrocina conferencias regionales anti pandillas; entre otras iniciativas.[34] ¿Por qué tanta movilización de recursos militares y para-militares a partir de 2006 si las pandillas ya habían sido diezmadas con los primeros planes antimaras de los años 2002-2004? Sencillo; porque al igual que en los casos de Colombia y México, el interés norteamericano no son las pandillas en sí, sino posicionar una estrategia geo político-militar sobre los gobiernos y los movimiento sociales de la región. En eso, el Plan CARSI tampoco estaba fracasando. Como es sabido, en 2004 se establece la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluye a países como Nicaragua y Cuba en la Cuenca del Caribe, fronterizos con Honduras vía terrestre y marítima. Ambos países son el principal adversario estratégico de Estados Unidos en la región mesoamericana. Luego, en 2006 ascendió al gobierno en Honduras el gobierno de Manuel Zelaya, que adoptó muchas decisiones controversiales con sus intereses, especialmente su adhesión a la ALBA en 2008. En ese marco, los norteamericanos buscaban fortalecer su posicionamiento estratégico en Honduras y también fortalecer a los cuerpos armados del Estado hondureño, que son un aliado ideológico sumamente fiel al Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Ingenuamente, el mismo Presidente Zelaya se prestó a esa estrategia fortaleciendo como nunca antes a las Fuerzas Armadas e incluso inaugurando la base norteamericana de Caratasca. Las pandillas “insurgentes” Es interesante ver cómo los estrategas norteamericanos tuercen las explicaciones teóricas sobre las pandillas juveniles o maras para acomodarlas a sus intereses imperiales. Ejemplo de ello es que esta estrategia intervencionista se sustenta en el concepto de “Pandillas Transnacionales” o de “Tercera Generación” (Paul Sullivan, 2008), o en la tesis de la “Nueva Insurgencia Urbana” (Max Manwaring, 2005) según la cual las pandillas hoy son grandes organizaciones transnacionales que no solo causan inseguridad en las comunidades sino que tienen vínculos con otros actores (terroristas, narcotraficantes) con quienes los uniría el interés final de desestabilizar a los Estados. “La naturaleza de las pandillas -afirma textualmente Manwaring- es mitad política y mitad criminal y esto se manifiesta en que generan inestabilidad e inseguridad nacional y regional; exacerban los problemas de las relaciones civiles-militares y policías-militares, reduciendo la efectividad civil-militar en el control del territorio nacional; y apoyan a organizaciones criminales e insurgentes, a los señores de la guerra y a los barones de la droga erosionando la legitimidad y la soberanía efectiva de los Estados-nación. Los delitos y la inestabilidad son sólo síntomas de la amenaza y la amenaza final es el colapso del Estado o la violenta imposición de una restructuración radical socioeconómica y política del Estado y su gobernabilidad.” (“Manwaring, Max, “Pandillas callejeras: La Nueva Insurgencia Urbana, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=597) De esa cita puede apreciarse que la estrategia anti-pandillas de los norteamericanos tiene un claro carácter contrainsurgente, razón por la cual están involucrados el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y el FBI. Es sintomático que la petición de Bush para la asignación de fondos por parte del Congreso a la Iniciativa Mérida, fue hecha en el mismo paquete de presupuesto complementario para su guerra en Irak. Con estos hechos se ha retrocedido a una nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional en un contexto latinoamericano en que los Estados Unidos militariza con su “ayuda” o con sus bases militares a nuestras sociedades. Solo a un ingenuo se le ocurriría pensar que el imperio va a invertir centenares de millones de dólares para luchar contra bandas de muchachos rapados y tatuados.   Conclusiones de la  2ª parte

1. En Centroamérica los estados respondieron al fenómeno social de las “maras” con una política represiva, que incluye su aniquilamiento físico.   1. Este fenómeno ha sido aprovechado por los estrategas de los Estados Unidos para implementar, mediante el proyecto CARSI, un proceso de fortalecimiento de los cuerpos armados del Estado y fortalecer su propia presencia militar en el país con el pretexto de ayudar al gobierno a combatir las pandillas.   1. La guerra contra las pandillas, no trajo más seguridad al país, sino que, por el contrario, la violencia alcanza ahora niveles elevadísimos, lo cual indica el fracaso de esa estrategia para el tema de la seguridad de la población.   1. La campaña contra las pandillas tiene como marco teórico las tesis contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dándole el carácter de una campaña militar de Baja Intensidad.   TERCERA PARTE LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN CENTROAMERICA Y HONDURAS Para el año 2010, las maras han sido reducidas en cantidad y territorio, aunque no erradicadas de los barrios más violentos de las principales ciudades, por lo que éstas ya no son un argumento suficiente para justificar procesos de militarización masivos e invasivos. Además, las maras son organizaciones principalmente urbanas que se encuentran escasamente en las áreas rurales, lo cual limitaría los planes de expansión militar en esas regiones según el diseño contrainsurgente de Washington. La estrategia norteamericana necesita un nuevo “enemigo”, más desafiante que los jóvenes tatuados, que le ayude a justificar su presencia en puntos estratégicos de los países centroamericanos. Al estilo de México y Colombia, ese nuevo enemigo es el llamado “crimen organizado”, en sus distintas modalidades: tráfico de armas, vehículos y trata de personas, en especial el narcotráfico. En esa línea, los voceros del imperio comienzan a difundir la especie de que, así como los mareros, los narcos también son una especie de fuerza “insurgente”. El 10 de octubre de 2010, la Secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró ante una audiencia del Commonwealth Club, en San Francisco, que los narcotraficantes: “se organizan como grupo paramilitar y se comportan como grupos insurgentes”. Dice el reportaje de AFP que Clinton aseveró  que los cárteles de la droga ”están adquiriendo muchos de los atributos de estos grupos terroristas e insurgentes en el mundo”; agregando que estos, “por primera vez están empleando automóviles cargados de explosivos. Uno los ve mucho más organizados de un modo paramilitar”  y “vemos cómo los narcotraficantes socavan y corrompen gobiernos en Centroamérica, y estamos observando la brutalidad y barbarie de sus ataques a gobernadores y alcaldes, la prensa, y entre sí, en México’’.[35] A partir de 2011 su atención se ha centrado en Centroamérica. En junio de este año se realizó en Guatemalala Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (CIAESC). En esa cumbre presidencial, no se habló de maras, sino de combate al narcotráfico, y para demostrar que no estaba bromeando, Hillary Clinton en persona prometió una ayuda de 300 millones de dólares para 2011, que se suma a 260 millones de 2010, para ser invertidos en las policías centroamericanas,siempre en el marco del Convenio CARSI. [36] Por si eso fuera poco el Banco Mundial ha anunciado aportar US 1 mil millones y el BID aportaría US$ 500 millones. ¡Todo un “Plan Marshall” para “seguridad”! [37] Eso significa que desde 2010, los gobiernos centroamericanos, entusiasmados por recibir esa enorme cantidad de recursos, se preparan para declararle “la guerra” a los carteles de la droga. Y para asesorarlos en esa materia se encuentran los gobiernos de Colombia y México (sic!), los mismos que han fracasado en sus respectivos países llevando al matadero a más de 60 mil personas en menos de ocho años. Sin embargo, los preparativos no se limitan al ámbito policial. Paralelamente se desarrolla un aprovisionamiento y desarrollo de capacidades en el ámbito militar. Consolidando los vínculos ideológicos y operativos con los militares Esta orientación no es en modo alguno improvisada. Los preparativos militares se vienen cociendo varios años atrás (2002), en el caso de Honduras al menos desde el gobierno del Presidente Maduro. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos  (USSOUTHCOM por sus siglas en inglés)[38]desarrolló desde esa época una intensa relación con las desprestigiadas y debilitadas cúpulas militares del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Como se recordará, las Fuerzas Armadas de estos países habían sido relegadas en la década de los años 90 a instituciones de segunda categoría debido al repliegue de los gobiernos militares de los 80s, la desmovilización de muchos de sus efectivos y la reducción de sus presupuestos debido a los Acuerdos de Paz. A esto hay que agregar, en el caso de Honduras, la pérdida de su independencia y la eliminación del Servicio Militar Obligatorio en los años 90s. Con la nueva orientación belicista de Estados Unidos, la base militar Soto Cano ubicada en Palmerola, Comayagua cobra una gran importancia. Aquí reside la Joint Task Force, que tiene una gran importancia para los intereses norteamericanos en la región, puesto que, además de contar con un gran complejo militar, en esa base se organizan ejercicios y apoyos multilaterales a las cúpulas militares de sus países aliados, en asistencia humanitaria y civil, antinarcóticos, contrainteligencia y asistencia ante los desastres en América Central.[39] En los últimos diez años se ha reactivado los ejercicios militares conjuntos desde la base Soto Cano, como la serie de ejercicios multinacionales “Iguana Voladora”, ejecutados desde 2002 bajo el liderazgo norteamericano. Otros ejercicios que provienen de la Fuerza de Tarea Conjunto‐Bravo y que han adquirido un carácter centroamericano son las brigadas médicas MEDRETE´S, Nuevos Horizontes y operaciones de ayuda en caso de desastres.[40]  No cabe duda que una de las funciones de esos ejercicios es también ejercitar las buenas relaciones político-ideológicas entre las cúpulas militares y el estímulo a mantenerse leales a las fuerzas del imperio. En el caso de Honduras, eso implicó el fortalecimiento de los nexos entre el Comando Sur de Estados Unidos y la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras, dirigidas por la estrella golpista, Romeo Vásquez Velásquez[41]. Precisamente el odio anticomunista que comparten los militares afines a Washington y que está en la base de esas relaciones de camaradería castrense, fue uno de los motivos ideológicos del Golpe de Estado.[42] El mismo Presidente Zelaya ingenuamente dio pie para el fortalecimiento de esas relaciones entre el USSOUTHCOMy la cúpula militar hondureña. Autorizó en 2007 el ejercicio “Fuerza Comando 2007”  que involucró a 18 países y el ejercicio “Más Allá del Horizonte” (2008). Solo en el año del Golpe de Estado (2009) se realizaron al menos 15 ejercicios militares con participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como líder de las fuerzas militares de toda la región.[43] Es sintomático que fuera en la base Soto Cano, tan apoyada por el Presidente Zelaya, que se abasteció de combustible el avión que lo llevó a su exilio temporal en Costa Rica. Como dice el dicho popular “Cría cuervos y te sacaran los ojos”. Para comprender toda la dimensión de la acción político-militar que despliega el imperio en la región, es importante conocer en qué consisten las premisas básicas de su estrategia militar. La Estrategia Militar norteamericana en la región Los Estados Unidos aplica en Latinoamérica la doctrina de la “Guerra de Baja Intensidad” (GBI) y hace preparativos preventivos para Guerras de Intensidad Intermedia (guerras convencionales) sobre todo en América del Sur. Los objetivos principales de una GBI son[44]: 1. Contrainsurgencia: derrotar movimientos de rebelión popular como el de la Resistencia Popular hondureña. 2. Reversión: derrocar gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses, como el gobierno de Manuel Zelaya que en diversos campos desafió la hegemonía estadounidense. 3. Prevención: ayudar a gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización, como el apoyo al gobierno de Pepe Lobo. La Guerra de Baja Intensidad es un concepto de estrategia de amplio espectro que utiliza medios tanto militares como políticos, sicológicos y sociales. Con una GBI el Estado norteamericano busca la derrota anticipada del enemigo sin necesidad de recurrir a las guerras convencionales de ejército contra ejército, pues estas tienen un elevado costo político para el gobierno norteamericano ante su electorado. En ese sentido, uno de sus propósitos es que el costo de vidas y en destrucción de equipo y armas lo pongan los “aliados” mientras el imperio mantiene intactos sus activos. El otro es hacerse de un mercado para reciclar sus armas. Son de nuestro interés tres aspectos de este tipo de estrategia militar gringa: ·         La victoria que persigue la estrategia de Guerra de Baja Intensidad no es sólo militar. Busca una victoria más completa, efectiva para un largo plazo, mediante el aniquilamiento de la fuerza política y moral de la insurgencia. La gama de formas que adquiere la GBI son diversas que van desde operaciones sicológicas, mediaciones políticas, paramilitarismo, hasta Golpes de Estado.Por eso las tropas destinadas a la guerra de baja intensidad se agrupan en una trilogía: las fuerzas para operaciones especiales, las fuerzas para asuntos civiles y las fuerzas para operaciones psicológicas. ·         En general, un plan de contrainsurgencia tiene tres fases. “La primera estabiliza la situación militar y política. La segunda, que es la más larga, emplea la presión sostenida y gradualmente intensificada en los ámbitos militar, psicológico y político, para impulsar a los insurrectos a las negociaciones. La tercera utiliza la ofensiva política, psicológica y militar para llevar a efecto las negociaciones” [45] ·         Por otro lado, “en esta estrategia militar de nuevo corte, los Estados Unidos requieren aliados, países y grupos dentro de la región, que faciliten la instrumentación de las políticas que en detrimento de la soberanía les permitan mantener y profundizar el dominio en la región y el mundo entero.” [46] Decíamos también que Estados Unidos adelanta preparativos de carácter preventivo para una eventual confrontación de Intensidad Intermedia.  No otra cosa significa la instalación de decenas de bases militares en Latinoamérica[47] y la reactivación de la IVa Flota de la marina. La doctrina militar imperial implica una “dominación de espectro completo”, es decir “la capacidad de las fuerzas de EE.UU., que operan de manera unilateral o en combinación con socios multinacionales e interinstitucionales, para derrotar a cualquier adversario y controlar cualquier situación en toda la gama de operaciones militares” [48] En el caso de Centroamérica los “socios” son las oligarquías y los ejércitos que históricamente fueron creados a imagen y semejanza de la US Army. La estrategia imperial es construir capacidades en los ejércitos para una guerra irregular contra una eventual insurgencia armada o social interna. Estas actividades, sin embargo, se realizan en secreto, a espaldas de las sociedades. En Guatemala, por ejemplo, un cable de Wikileaks revela que los Boinas Verdes entrenan secretamente a milicianos guatemaltecos en técnicas de contrainsurgencia en la selva del Petén a 150 kms al norte de la capital.[49]  En Honduras Vicky Cervantes, Jefa de una misión de “La Vos de los de Abajo”, una organización norteamericana que hizo presencia solidaria en Honduras en septiembre de 2011, logró la confesión de un oficial de la Operación “Xatruch”, quien reveló que fuerzas militares norteamericanas realizan labores de entrenamiento contrainsurgente en la Base Soto Cano de Palmerola y en Trujillo[50]. Esto apenas es el iceberg de lo que podría estar ocurriendo a escondidas del público. Más abiertamente, todas las instituciones armadas del Triángulo Norte de Centroamérica se disponen a invertir cantidades multimillonarias para la compra de aviones Embraer EMB 314 Súper Tucano, que son un lujo para las economías de nuestros países, con el pretexto de combatir el narcotráfico. El Súper Tucano es una versátil máquina de corto alcance, útil para intercepción de aviones de poco rendimiento (supuestamente narcos) pero diseñada también para la lucha contra-insurgente en ambientes de selva.[51]  Guatemala, El Salvador y Honduras hacen fuerza para comprar en conjunto 20 aviones Súper Tucano a un precio de 273 millones de dólares.[52] Si con la compra de aviones a tan alto precio se solucionara el problema del tráfico de drogas, no ingresaría droga a Estados Unidos pues ese país cuenta con la más moderna aviación del mundo. Esa absurda idea no tiene respaldo en la realidad. En lugar de hacer un bien, esa pretensión ejerce presión sobre las finanzas públicas, sacrificando gastos sociales para satisfacer los compromisos con el imperio y sus  aliados.[53] Es claro entonces que a nivel de las formalidades gubernamentales, hay la decisión de iniciar una guerra aparentemente contra el crimen organizado en el triángulo norte de Centroamérica, al costo que sea. Pero esa es solo la apariencia. Los indicios apuntan a que el  verdadero enemigo contra el cual van dirigidos sus preparativos es otro. La hipocresía de la lucha antidrogas y anti maras del imperio Los hechos reales de la “lucha antidrogas” revelan que ni los norteamericanos ni los policías ni los militares hondureños hablan en serio cuando declaran que esta nueva carrera armamentista va dirigida a combatir el poderío de los “narcos” y las maras. Un recientecable revelado por Wikileaks cita un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, titulado “Honduras: Armas Militares alimentan el Mercado Negro Armamentístico”, donde se señala que miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras alimentan con armas a las bandas de narcos mexicanas.[54] La divulgación de esa noticia casi le cuesta la vida al periodista de Radio Uno, Arnulfo Aguilar, quien sufrió un atentado el 27 de abril de 2011[55], pero no ha costado ninguna baja deshonrosa en las Fuerzas Armadas. Asimismo, en noviembre de 2010 una avioneta que era pieza de convicción contra narcos, fue robada de un aeropuerto militar gracias a la influencia de oficiales que le dieron autorización para despegar, sin que los “peces gordos” de la operación hayan sido puestos a la orden de los tribunales[56]. Como es sabido, los vínculos de militares con el narcotráfico son una vieja historia.[57]  Lo mismo pasa hoy día con la Policía, según lo denunció el diputado Marvin Ponce, quien llegó a afirmar, basado en una confesión del Ex Ministro de Seguridad, Álvaro Romero, que el 40% de la policía hondureña participa de actividades ilícitas y del crimen organizado[58]. El mismo ex Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, hizo graves denuncias sobre la corrupción de sus oficiales subalternos, a quienes vinculó con el crimen organizado; lo que no dijo es por qué no los metió presos.[59] Lo que hasta ahora no parecía muy claro era el rol que los norteamericanos juegan en esa ecuación. Pero las evidencias de la Operación Rápido y Furioso y, el reciente descubrimiento del tráfico de armas por parte del gobierno de Estados Unidos hacia las pandillas en Centroamérica a través de la operación “Casteway” (ver recuadro) pone las cosas en su justa perspectiva. Por tanto, no suena convincente que aquellos que están coludidos con la delincuencia prometan luchar contra ésta. Aunque seguramente se harán muchas acciones contra algunos carteles del narcotráfico (no se sabe con cual pues todo indica que la estrategia es apoyar a unos contra otros), es más creíble que, en el fondo, el enemigo real que buscan combatir o disuadir son las clases populares que se rebelan al sistema de explotación, saqueo y dominación que nos impone el imperio. La estrategia para ello es la profundización de la militarización de los Estados Unidos en nuestros países con el propósito de instalar una mayor capacidad contrainsurgente en función de sus intereses imperiales y de los intereses de sus aliados claves en la región. ¿Qué defienden los Estados Unidos con ese enorme despliegue policial militar? ¿Qué amenaza temen? Resumidamente podemos decir que, en el contexto de la actual crisis capitalista mundial, los Estados Unidos necesitan convertir a esta región del planeta en reserva y fuente de materias primas, mano de obra barata, recursos energéticos y plataforma infraestructural para los grandes negocios extractivos, como la minería y la explotación del agua y del bosque; de los grandes negocios “ecológicos”, como la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables, la extracción de materia prima para la producción de biocombustibles, el turismo, la explotación de la biodiversidad y la adquisición de bonos de carbono a gran escala; y de los negocios de las telecomunicaciones. Las empresas transnacionales son los principales beneficiados con estas inversiones.[60] En ese contexto, los Estados Unidos está defendiendo los intereses de sus transnacionales, fuentes estratégicas de reservas de petróleo (confirmadas en el Caribe hondureño)[61], y paralelamente beneficiando a su industria armamentista que representa un núcleo importante de la industria norteamericana. Los arquitectos de la estrategia militar norteamericana en América Latina son perfectamente conscientes de la importancia central que tienen los intereses empresariales de EE.UU a la hora de formular políticas. La elaboración de la estrategia militar y los programas diseñados para incrementar el poder militar de EE.UU dentro de los ejércitos latinoamericanos está legitimado por los intereses económicos norteamericanos: beneficios, mercados y acceso a materias primas estratégicas, en particular a fuentes energéticas. El General Pace, en su introducción al Senado, enuncia claramente las bases económicas en su discurso sobre la estrategia militar norteamericana: “Más del 39 por ciento de nuestro comercio se realiza dentro del Hemisferio Occidental. Además, 49 centavos de cada dólar gastado en América Latina se utiliza en bienes y servicios importados de EE.UU. América Latina y el Caribe suministran más petróleo a EE.UU que todos los países de Oriente Medio”. [62] Con esa mira, Estados Unidos inició desde la década de los 90s un proceso de dominación económica, política y militar continental, conocido como “Proyecto Hemisférico”[63], que se desarrolla en dos fases: Una primera fase de integración con Canadá y con su vecino del sur, México, conocido por TLCAN (1994),  y una segunda fase que pretende la construcción de mega proyectos en el continente Latinoamericano mediante dos iniciativas de neocolonización: 1) la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA), con una inversión estimada en 70 mil millones de dólares[64], y, 2) el Plan Puebla Panamá, ahora convertido en Proyecto Mesoamérica (PM), con una inversión estimada de 9 mil millones de dólares.[65] El siguiente es el esquema de integración vial del Plan Mesoamérica   Dichos proyectos pretenden aprovechar la mano de obra barata latinoamericana, y a la vez construir una base de infraestructura (vial, energética, comunicacional, aduanera, etc.)  que facilite la extracción masiva de los recursos naturales en el largo plazo hacia los Estados Unidos, y la exportación hacia el mercado asiático, tanto desde los puertos de ambos océanos, como por el eje carretero panamericano. Para Honduras, este proyecto implica inversiones multimillonarias en ejes carreteros, apoyo a la privatización de las empresas estatales más rentables, construcción de una red de represas hidroeléctricas y generación eólica, explotación de minas, apropiación del espacio radioeléctrico para las telecomunicaciones, entre otras. El siguiente es el mapa de los compromisos de construcción de represas hidroeléctricas de los que sus principales beneficiarios son los empresarios oligárquicos. El factor Resistencia y la GBI Sin embargo, en toda América Latina los pueblos han reaccionado a esta nueva modalidad de saqueo neocolonial con la movilización. Desde los 90s se ha despertado una rebelión regional ante los gobiernos serviles al imperio, que ha dado lugar a su derrocamiento o a su derrota electoral, así como a la emergencia de gobiernos de centroizquierda e izquierda en la región.  Eso incluye la resistencia de los empleados públicos contra la privatización de entidades estatales o por la defensa de servicios públicos esenciales (educación, salud, vivienda), así como a las comunidades campesinas, indígenas y movimientos de defensa del medio ambiente, reacios a la construcción de mega represas, la explotación minera a cielo abierto o a la construcción de ejes carreteros, entre otros. El Presidente Zelaya, si bien no obstaculizó la expansión de la inversión transnacional en el país, fue sensible a las fuertes demandas de sectores de clases media y populares que enfrentaban la voracidad de las transnacionales del petróleo y los mega proyectos del PPP. Por ello, en sus dos últimos años de gobierno hizo una importante resistencia proteccionista frente a la voracidad de la industria de los combustibles, la banca, las empresas de telecomunicaciones, las empresas mineras y forestales,  buscando además independizarse de la sujeción al mercado petrolero norteamericano. Este panorama regional llevó al imperio a establecer una estrategia de GBI para América Latina, incluida Honduras, que consiste en:  a)    Una estrategia política de “shock”, es decir de desestabilización de los gobiernos adversos a su estrategia de neo colonización mediante golpes de Estado  (el primer caso fue el intento de Golpe de Estado en Venezuela en 2002, luego en Bolivia en 2008 y después sus intentos en Centroamérica en 2009 y luego en Ecuador en 2010);   b)    Una estrategia militar desarrollada en tres aspectos: i) la militarización de los países aliados mediante planes de fortalecimiento de sus cuerpos armados (policía y ejércitos) vía los Planes Mérida en Mesoamérica, y su similar en Suramérica, la Iniciativa Andina; ir) la instalación de su poder de fuego directo mediante bases militares posicionadas en países claves del continente (incluida Honduras) así como la reactivación de su IVa Flota, tendentes a cercar militarmente a los países de la ALBA y disuadir al gigante del área, Brasil; y, iii) el fomento de conflictos bélicos de desgaste entre países aliados suyos y los países del eje ALBA (como conatos de conflicto entre Ecuador-Colombia, Venezuela-Ecuador, y recientemente Nicaragua-Costa Rica). En ese contexto, el Golpe de Estado en Honduras no fue un resultado inesperado. Se puede aceptar la tesis de que la oligarquía se precipitó en darlo antes de reunir mejores condiciones a su favor, como aconsejaba el Gobierno norteamericano, pero nadie duda ahora que la Embajada norteamericana estaba al tanto de lo que pasaba[66], dejó que se ejecutara y diseñó una estrategia de negociación para castrar a la Resistencia y mantener intacto el régimen oligárquico. Que formaba parte de los planes del imperio en su estrategia de Guerra de Baja Intensidad, lo muestra el hecho de que a pocos meses del 28 de junio, cuando el gobierno de Obama decía condenar la ruptura del orden constitucional, las Fuerzas Armadas golpistas eran invitadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a participar en los Ejercicios militares conjuntos “Panamax 2009” en septiembre de ese año.[67] El Golpe vino a restablecer a la oligarquía nacional y a las transnacionales los privilegios, los abusos y las prácticas oligopólicas y parasitarias que habían sido moderadas o frenadas por el Gobierno de Manuel Zelaya; pero también vino a profundizar las medidas neoliberales aún más. A todos los retrocesos en materia económica, fiscal y social, se suman dos mega proyectos de entrega de nuestra soberanía nacional, como son las multimillonarias inversiones del proyecto Honduras is Open For Bussines y las Regiones Especiales de Desarrollo (Ciudades Modelo). Con ellas la venta de las riquezas del país se realiza al mejor postor. En esa vía Honduras va camino a ser un paraíso del capitalismo salvaje: depredador, explotador y opresor. Es a ese capitalismo salvaje que protegen las armas del imperio y de las oligarquías. Son armas para impedir que las comunidades defiendan sus fuentes de agua; para reprimir a quienes protesten contra la destrucción ambiental que generan las represas y las empresas mineras; para disparar contra los campesinos y campesinas que defienden su derecho a la tierra, arrebatado por terratenientes agroindustriales; para reprimir a los empleados (as) y maestras(os) que luchan contra la privatización de los servicios públicos y por mejores salarios; y, en general, armas contra los Pueblos que osen levantarse exigiendo mejores condiciones de vida, democracia y justicia, entre otros fines. La conexión Colombiana Además de los Estados Unidos, el Estado colombiano sirve de soporte para el modelo de terrorismo de Estado que tiende a imponerse en nuestro país. Como alumno avanzado del imperio, el Estado colombiano cuenta con la vasta experiencia desarrollada en la desarticulación de movimientos sociales, negociaciones y a la vez combate con fuerzas insurgentes, represión y diplomacia. Las áreas que cubre el gobierno colombiano son diversas. Una línea de colaboración es técnica policial. Es constante el ir y venir de asesores colombianos y de cuadros policiales hondureños a ese país para capacitaciones, intercambio de experiencias y asesoría en diferentes ramas de la actividad policial, especialmente en materia de inteligencia. Otra línea de colaboración en este proceso de GBI es militar: Colombia y Honduras han comenzado a realizar ejercicios militares conjuntos tanto aéreos como marítimos supuestamente para interceptar aviones con droga.[68] Asimismo, se ha registrado la presencia en Honduras de las Fuerzas élite colombianas GAULAS.[69] También tiene una línea de apoyo paramilitar, asesorando o participando en acciones represivas contra miembros de la Resistencia. De hecho, existen pistas de que miembros de las fuerzas paramilitares colombianas están activas en Honduras y que fueron traídas después del golpe para diezmar al liderazgo de la Resistencia.[70] En lo económicoColombia firmo en agosto de 2007 un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y a partir de ese año forma parte también del Plan Mesoamérica, un plan de masivas inversiones en hidroeléctricas, represas, energía renovable, etc., lo que la involucra de manera directa en la vida económica del istmo. En el caso de Honduras el TLC entró en vigor el 27 de marzo de 2010 y desde entonces, como nunca antes, existe un gran interés de empresas colombianas para invertir masivamente en Honduras, especialmente en los rubros de generación eléctrica, ingeniería, prendas de vestir, metalmecánica, autopartes y materiales de construcción.[71] Y finalmente, una colaboración de tipo político, pues el Presidente colombiano Manuel Santos fue quien tomó la iniciativa diplomática para ganar la colaboración del Presidente Hugo Chávez para que Porfirio Lobo y Manuel Zelaya se sentaran a negociar en Cartagena de Indias. Gracias a sus esfuerzos diplomáticos logró que ambos firmaran el Acuerdo de Cartagena, que hace a la Resistencia reconocer al gobierno de Lobo y condicionar su demanda de la Constituyente a su aprobación en un plebiscito (controlado por los golpistas), a cambio de lograr el retorno del Presidente Zelaya al país y el reconocimiento de una alternativa electoral de la Resistencia. El efecto principal que ha tenido esta doble presión represiva-negociadora ha sido que la Resistencia hondureña prácticamente ha abandonado la calle para ejercer presión concreta contra las medidas neoliberales que impone el gobierno.   El Bajo Aguán: Laboratorio de la Guerra contrainsurgente contra los movimientos sociales Ninguna región de Centroamérica refleja mejor esta estrategia político militar señalada como el Bajo Aguán. En esta región confluyen claramente dos fenómenos sociales: Por un lado, el Aguán es territorio donde el narcotráfico tiene bien sentados sus dominios, donde los “Barones de la Droga” hacen y deshacen en la más absoluta impunidad; y por otro lado, es el escenario de un grave conflicto social por la posesión de la tierra que enfrenta a 3000 familias campesinas contra cuatro terratenientes de la zona. Estos terratenientes han organizado grupos paramilitares que siembran abiertamente el terror en el valle, torturando y asesinando a alrededor de 50 dirigentes campesinos para defender sus intereses latifundistas, entre ellos una decena de niños y altos dirigentes campesinos como el Presidente del MARCA y el Vicepresidente del MUCA. Uno de estos terratenientes, Miguel Facussé, no solo es uno de los hombres más ricos de Honduras por sus prósperas plantaciones de palma africana y sus fábricas procesadoras de aceite para exportación, sino que también es señalado secretamente por la Embajada de Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico, según ha revelado Wikileaks[72] Sin embargo, la policía del sector no actúa contra los terratenientes que a todas luces violentan la ley y se vinculan con el “enemigo” narco, sino que reprime al movimiento campesino del Aguán por exigir su derecho social a la tierra. Asimismo, los diversos operativos militares que se realizan por orden del mismo Porfirio Lobo Sosa desde el mismo día de toma de posesión presidencial, son dirigidos a reprimir a los labriegos y no a los terratenientes, haciéndose de la vista gorda de los grupos paramilitares y generando terribles violaciones a los derechos humanos a vista y paciencia de los órganos de justicia, como sucede con los Operativos “Xatruch”. Más aún, una característica de este conflicto es que también involucra a soldados norteamericanos, que entrenan a la soldadesca de las FFAA de Honduras para la búsqueda de supuestos grupos armados (no de los terratenientes sino de “comandantes” fantasmas que sólo ellos ven). También hay información del involucramiento de paramilitares colombianos [73] y mexicanos[74] . En la versión de dirigentes del Frente Departamental de Resistencia Popular de Colón esta presencia se debe a que hay un marcado interés de los militares norteamericanos por instalar una base de operaciones extranjera en la zona. Por otro lado, aquí también se practica una táctica divisionista orquestada desde el gobierno con la militante participación del liderazgo del partido Unificación Democrática, el cual ejecuta desde el Instituto Nacional Agrario. El Aguán se ha convertido en el escenario de una guerra mediática y sicológica donde se ensaya un discurso sobre la existencia de una organización guerrillera para justificar la represión e invasión militar. Por supuesto, esa campaña silencia la existencia de los centenares de paramilitares que abiertamente portan sus armas al servicio de los terratenientes y que cometen atrocidades contra los labriegos. Y por otro lado, el Aguán es un escenario en el que pretenden ensayar mini dictaduras militares con el proyecto de aprobar la suspensión de garantías constitucionales en la zona para dar rienda suelta a sus desenfrenos represivos. Otros dos hechos pueden explicar el marcado interés del Estado hondureño y norteamericano en esta parte del territorio nacional. Una es que ahí se diseña una Región Especial de Desarrollo o “Ciudad Modelo” donde en teoría habrá una multimillonaria inversión transnacional de punta, y la otra es que, a no mucha distancia de las costas del departamento de Colón, en el mar Caribe, se ha comprobado la existencia de un yacimiento petrolífero que inicialmente fue explorado por el Presidente Manuel Zelaya. Esta misma política represiva se estila imponer en cuanta región del país el pueblo se movilice contra los intereses de la oligarquía y las transnacionales. Sucede algo similar, por ejemplo, en la Isla de Zacate Grande, donde los pobladores son despojados de sus tierras por los “ricos y famosos” magnates; en las movilizaciones estudiantiles que luchan por la defensa de la escuela pública; en las luchas de los sindicalistas cuando defienden sus derechos laborales. Es contra ellos y ellas que se ha diseñado esta “guerra”. Sin embargo, después de diez años de pelea constante, el movimiento campesino de EL Aguán ha evidenciado una enorme capacidad de resistencia a tan adversas condiciones. Pese a la brutal represión y al asedio de tantas fuerzas armadas, ellos y ellas mantienen firme su lucha, dándonos un hermoso ejemplo de tenacidad, fortaleza y unidad. Gracias a esas cualidades y pese al aislamiento que sufre respecto al resto del movimiento popular, cuya solidaridad es aún un vacío sin llenar, este movimiento continúa dándonos lecciones que es necesario aprender. Por consiguiente, el caso del Aguán demuestra lo que hemos dicho atrás: Que el proceso de militarización y la Guerra de Baja Intensidad no está dirigida a luchar contra el narcotráfico (al menos no contra todos los narcos), sino que este es un pretexto para fortalecer la capacidad del Estado hondureño para sofocar los movimientos sociales que amenacen los intereses de las transnacionales y de la oligarquía criolla. Pero también demuestra una realidad incomoda: quela estrategia política de la GBI que se ha aplicado al FNRP ha tenido éxito porque este no se ha movilizado como lo exigen las circunstancias en apoyo al movimiento campesino y, por extensión, en apoyo a todos los movimientos sociales que hoy cuestionan al sistema capitalista. La Guerra que viene Basado en la anterior información, es fácil advertir que la violencia que hemos conocido hasta ahora es apenas el comienzo de una escalada  violenta alimentada por los dólares y las armas de Estados Unidos y la banca internacional que están en el plano de desatar una nueva ofensiva policial, militar y paramilitar, superior en escala a lo que hemos visto en el caso de la guerra a las maras. Esa violencia tiene como espejos los extremos a que han llegado Colombia y México con su amplia gama de sicariato, paramilitarismo, represión policial extrema, militarización e injerencia militar norteamericana. No es necesario demostrar que en ese panorama el Pueblo es quien paga los platos rotos pues es quien pone los muertos que redimirán los dólares de la industria armamentista gringa. Pero en las condiciones de la era post Golpe de Estado, el actor más vulnerable a esa violencia generalizada son los miembros de la Resistencia Popular y en especial los sectores populares que salen y saldrán a la lucha por defender sus recursos, sus ingresos, sus fuentes de ingreso o su calidad de vida, severamente amenazados por el capitalismo salvaje transnacional y oligárquico. Es por tanto una imperiosa necesidad que el movimiento social y dentro de este la militancia del FNRP, independientemente de su posición sobre el tema electoral, tome consciencia de que nos esperan días difíciles, de los cuales la muerte de Emo es solo un aviso, para los cuales debemos prepararnos con estrategias definidas colectivamente. Como dice la sabiduría popular: En guerra anunciada no mueren soldados.   Conclusiones de la 3ª Parte

1.    En Honduras los Estados Unidos lleva a cabo una estrategia de Guerra de Baja Intensidad orientada a fortalecer los cuerpos armados del Estado oligárquico con la excusa de emprender una guerra contra el crimen organizado, financiada con una multimillonaria cantidad de recursos.   2.    El objetivo real de esa estrategia es proteger los intereses transnacionales y oligárquicos que ha instalado y está por desarrollar el capitalismo norteamericano y sus socios nacionales para el saqueo de nuestros recursos naturales y la explotación de la mano de obra, a través de sus planes de integración-neocolonial.   3.    Esta estrategia no es unilateral sino que combina medidas represivas, iniciativas políticas y negociaciones para salvar al régimen político de sus crisis y desarticular al movimiento popular.   4.    El Estado colombiano es una pieza clave que complementa la injerencia norteamericana en Centroamérica, y particularmente en la Honduras Post Golpe de Estado, en materia policial, militar, paramilitar, política y económica.   5.    El Conflicto del Bajo Aguan es el caso que mejor ilustra las tendencias de la política político militar del Estado hondureño y del imperio, orientadas a derrotar la movilización campesina y favorecer los intereses oligárquicos en la zona.   6.    Sin embargo, el Aguán también demuestra que con la unidad, la movilización y la solidaridad, es posible resistir la ofensiva de los enemigos del Pueblo.     ESCENARIOS PROBABLES PARA LA RESISTENCIA Tomando como base el análisis precedente y la experiencia acumulada en estos dos años de lucha, se puede prever los siguientes escenarios para el pueblo en resistencia. Escenario 1: La estrategia de Guerra de Baja Intensidad del imperio y de la oligarquía, no encuentra una respuesta sistemática del FNRP dirigida a acompañar militantemente los movimientos sociales o encuentra una política desmovilizadora y proclive a la conciliación con el régimen de Porfirio Lobo, en ambos casos por priorizar y no entorpecer su agenda electoral. Este hecho tiene como consecuencia la desarticulación de los movimientos sociales y la pérdida de empoderamiento del Pueblo, debilitándose la base social que puede potenciar, defender y sostener una opción de poder político de la Resistencia. Implica también dejar en la indefensión a los mejores luchadores sociales y políticos ante la actividad represiva policial, militar y paramilitar. Debido a que no encuentra resistencia real, el régimen supera o al menos palía su crisis económica y sobrevive el régimen bipartidista oligárquico, que continuará imponiendo sus planes de miseria por un período histórico prolongado. Escenario 2: La estrategia de Guerra de Baja Intensidad del imperio y de la oligarquía tiene como respuesta sistemática del FNRP la articulación de las luchas del movimiento social y su acompañamiento militante basado en una política de movilización permanente y creciente, sin necesariamente abandonar su agenda electoral. Esta tendencia tiene como consecuencia el fortalecimiento de los elementos de Poder Popular, fortaleciéndose la base social que puede potenciar, defender y sostener  una opción de poder político de la Resistencia. Asimismo implica que los mejores luchadores sociales y políticos del movimiento social pueden contar con una política de defensa basada en la movilización popular. Debido a que la resistencia popular no le permite al régimen imponer sus planes neoliberales, se debilita y deviene incapaz de sobrellevar la crisis económica nacional e internacional, alimentando de nuevo sus crisis y la movilización político-social, creándose condiciones propicias para la lucha por la Constituyente. ¿A cuál de esos escenarios le apostará el FNRP?   DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011