Spanish News

Advierten organismos de derechos humanos                                          ANTES DE SER ASESINADOS LOS ESTUDIANTES                   UNIVERSITARIOS VISITARON A FLORES LANZA Después de visitar la casa del abogado Enrique Flores Lanza, en la colonia Miraflores, los dos jóvenes universitarios misteriosamente aparecieron muertos el pasado fin de semana al sur de Tegucigalpa. Los estudiantes del alma máter fueron identificados como Carlos Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la máxima casa de estudio, Julieta Castellanos.  Así lo denunciaron ayer en un hotel capitalino dirigentes que constituyeron una alianza pro defensa de los derechos humanos, ante la impunidad de miles de asesinatos en Honduras.  Igual sucedió con el activista de la resistencia Emo Sadloo, quien después de visitar al preso político, abogado Flores Lanza, fue asesinado el 7 de septiembre anterior en su negocio de llantas.   Integran esta alianza el presidente del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón, el Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez, y el presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura (CPTRT), Juan Almendarez Bonilla.  Los dirigentes de esta nueva alianza explicaron que para detener la tasa de criminalidad urge depurar todos los organismos operadores de justicia.  Entre las instituciones identificadas en su limpieza mencionaron a la Fiscalía general del Estado, La Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras. Expusieron que la criminalidad en  el país se disparó después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En los crímenes han salido perjudicados campesinos del Bajo Aguán, estudiantes, docentes, obreros, mujeres, gente de la resistencia, miembros de la diversidad sexual y periodistas.  El director ejecutivo del CIPRODEH, Wilfredo Méndez, afirmó que en enfrentar el crimen organizado debe haber voluntad política, pero lamentó que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, únicamente dice que ha fracasado en la seguridad nacional.  Acerca de la impunidad en los asesinatos Méndez dijo “en Honduras es más fácil sacar un ministro que a un policía corrupto”.  A su vez, el Dr.Almendarez criticó como en Honduras una avioneta resguardada en la terminal aérea de San Pedro Sula y las Fuerzas Armadas en su desaparición no hicieron nada.  También el ex rector de la máxima casa de estudios expuso que la seguridad nacional no se mejorará si los que participaron en la década del 80, responsables en la desaparición de compatriotas, son los mismos que dirigen las Fuerzas Armadas. Afirmó, además, Almendarez que la criminalidad  se ha disparado por la existencia en Honduras de sicarios y de 60 mil guardias privados. Por su parte, Andrés Pavón, denunció que las carreteras de Honduras están manejadas por el narcotráfico y que la policía está involucrada en el impuesto de guerra, extorsionando a taxistas y buseros. Enfatizó que con la violencia que sufre el pueblo han asesinado a 55 mil personas, dejando 155 mil huérfanos. De no haber correctivos a fines de año la tasa de homicidios llegará a 86 por cada 100 mil habitantes, actualmente es de 82, pero la tasa mundial es de 8.8, indica un documento entregado a los periodistas.  Los miembros de esta alianza hicieron varias recomendaciones para enfrentar la impunidad y la criminalidad, sobresaliendo las siguientes: 1.    No permitir la reinstauración del Servicio Militar Obligatorio. 2.    Eficientar la unidad de asuntos internos de la policía nacional. 3.    Convocar y hacer operativo el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin). 4.    Establecer un plan estratégico para volver científico y ético la labor de Investigación Criminal. 5.    No ser tolerantes con policías que violentan los derechos humanos. 6.    Demandar a la Cooperación Internacional para que suspenda la ayuda a una policía que se aleja de servir y proteger a la población. 7.    Excitar a las autoridades de las Corporaciones municipales para que contribuyan a la seguridad ciudadana.